REFORMA LABORAL 2012 (I): ¿Es profunda?; ¿Es equilibrada? ¿Creará empleo?

Ya tenemos nueva reforma laboral en 2012.  La cifra de paro de 5.273.600 desempleados con un incremento de 295.300 nuevos parados en el IV trimestre de 2011 según datos de la EPA y un 22,85% de desempleo (el más elevado en la Unión Europea) han traído un vuelco en el modelo de relaciones laborales con cambios muy profundos de la normativa laboral siguiendo el ansiado paradigma de la flexiseguridad y en busca de márgenes de productividad y competitividad para las empresas en España que permitan reducir los niveles de rigidez laboral y avanzar hacia un mercado laboral más dinámico, eficiente y racional que conduzca a la creación de  empleos.

La reforma no pasará desapercibida. Es una reforma histórica y habrá un antes y un después del Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de Febrero (BOE del 11).  Los organismos internacionales y la Unión Europea y los cambios realizados en las normas laborales en otros países (Francia, Alemania, Italia, etc.) han mostrado el camino al legislador. Hay soluciones nuevas innovadoras como la apuesta por el derecho individual de formación y la cuenta anual de 20 horas retribuidas de formación, la compatibilidad entre trabajo y prestación de desempleo en determinados supuestos,  los estímulos al trabajo a tiempo parcial, la regulación ex novo del teletrabajo, el nuevo contrato indefinido para emprendedores en empresas de menos de 50 trabajadores con un periodo de prueba de hasta un año o la ampliación  hasta los 30 años de la edad para suscribir los contratos de formación y aprendizaje para estimular el empleo juvenil.

Se han incluido también estímulos a la contratación para las PYME con  deducciones fiscales y bonificaciones en las cotizaciones (no para la gran empresa) aunque limitadas para jóvenes y parados de larga duración y que se facilitarán a las empresas de menos de 50 trabajadores  que creen empleos nuevos.

Hay una clara apuesta por reducir la intervención de la Administración en las relaciones laborales (se elimina la autorización administrativa en las regulaciones de empleo ya sea en despidos colectivos o en suspensiones o reducciones de jornada). Y, sobre todo, hay una tendencia a la individualización de las relaciones laborales y a ofrecer a las empresas mas flexibilidad interna (cabe, incluso, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo relativa a la cuantía salarial y, por tanto, se podrán reducir los salarios de manera unilateral aunque se mantenga la causalidad y el procedimiento de consultas con los representantes) pero también más flexibilidad externa (los costes de salida se reducen a 33 días con el máximo de 24 mensualidades aunque se respetan los derechos adquiridos de los anteriores contratos de trabajo suscritos antes de la entrada en vigor de la norma, aunque a partir de entonces opere el nuevo cómputo).

En negociación colectiva, se ofrece un marco más favorable a la prioridad por el convenio de empresa y a los descuelgues salariales del convenio y en caso de falta de acuerdo se abren fórmulas de arbitraje obligatorio. Ya existen voces que tachan algunos cambios de inconstitucionales (el periodo de prueba de 1 año conllevará un cheque en blanco para extinguir en ese periodo el contrato sin alegación causal en base al desistimiento o el arbitraje obligatorio reduce, quizás, en exceso el derecho constitucional de la negociación colectiva). Y, finalmente, algunos cambios pueden conducir a una excesiva judicialización de los conflictos laborales y se anuncian movilizaciones de los sindicatos contra la reforma laboral y quizás, una huelga general. El tiempo dará o quitará razones.

Las principales novedades que pretenden ser permanentes y por tanto son reformas estructurales se pueden sintetizar en el siguiente decálogo:

1.Intermediación laboral: se autoriza a las ETTs a actuar como agencias privadas de colocación.
2.Derecho a la formación profesional: se reconoce el derecho individual de cada trabajador a la formación y un nuevo permiso retribuido anual de 20 horas anuales con finalidad formativa (modelo francés).
3.Contratación: se amplia el contrato para la formación y el aprendizaje para trabajadores de hasta 30 años y se crea un nuevo y potente contrato indefinido para emprendedores en empresas de menos de 50 trabajadores con periodo de prueba de 1 año cuyo alto plazo podría desnaturalizar la exigencia constitucional de causalidad de la extinción contractual. ¿Habrá contratos formalmente indefinidos pero que en la práctica no lleguen a un año natural?. Se impulsan los estímulos públicos a la contratación con deducciones fiscales anuales por el primer trabajador (hasta 3000 euros) y bonificaciones en las cotizaciones durante tres años  pero limitados a las PYME y a los desempleados jóvenes (hasta 30 años) o mayores de 45 años parados de larga duración, que pueden llegar a un importe, según los casos, de hasta 1500 euros por año. Además, se permite cobrar el 25% de desempleo al desempleado contratado y la empresa se podrá deducir el 50% de la prestación de desempleo del trabajador contratado. Por último, se vuelve a limitar a partir de 1 de Enero de 2013 el encadenamiento de contratos temporales a 24 meses.
4.Parcialidad y teletrabajo: se permite la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial e incluyen en la Base de cotización de las contingencias comunes y se regula el contrato de trabajo a distancia.
5.Negociación colectiva: se limita la ultractividad y se mantiene la prorroga máxima de los convenios vencidos a 2 años y se da prioridad al convenio de empresa sobre los sectoriales con mayor extensión y concreción que en la Ley 35/2010 y en casos de descuelgue de tablas salariales cuya justificación causal se concreta a una caída de las ventas en dos trimestres, en caso de falta de acuerdo se abren fórmulas de arbitraje.
6.Flexibilidad interna: se modifican los sistemas de clasificación profesional en base a Grupos y no categorías; se incluye la cuantía salarial como materia modificable y permitirá la reducción unilateral de salarios por las empresas, aunque con alegación de causa vinculada a la competitividad, la productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa  y periodo de consultas; se suprime la autorización administrativa para la reducción de jornada o la suspensión de contratos; etc. La medida más agresiva podría ser la reducción de salarios unilateral por parte de las empresas en relación a empleados con sueldos por encima de convenio.
7.Flexibilidad externa: se elimina la autorización administrativa para los despidos colectivos aunque se mantienen la exigencia causal y el procedimiento de consultas con la posibilidad de impugnación judicial (puede conllevar más pleitos pero, también, la eliminación de la práctica negocial de incrementar las indemnizaciones que a partir de ahora se limitarán a 20 días por año con el  máximo de 12 mensualidades). Se incluye, además, una importante clarificación para los despidos económicos que se limitan a 20 días por año con el máximo de una anualidad si caen las ventas o hay pérdidas en tres trimestres consecutivos y se incorporan algunos elementos sociales interesantes en los expedientes de regulación de empleo vinculados no solo a la prioridad de permanencia de los representantes sino a la prioridad de permanencia de trabajadores con cargas familiares, discapacitados y los mayores según disponga la negociación colectiva. Además, las empresas de más de 500 trabajadores que soliciten regulaciones de empleo e incluyan a trabajadores de más de 50 años deberán hacer aportaciones al Tesoro Público si han obtenido ganancias los dos años anteriores al despido.
8.Despido: se generaliza la indemnización de 33 días por año con el máximo de 24 mensualidades en caso de improcedencia y se eliminan los salarios de tramitación (salvo en los supuestos en que la empresa opte por la readmisión) y se elimina el “despido express” con reconocimiento de la improcedencia que contempló la reforma de 2002 con la indemnización alta de 45 días por año y 42 mensualidades. También se reduce la intervención del FOGASA que solo financiará parte de las indemnizaciones de salida en despidos improcedentes y solo para las empresas de menos de 25 trabajadores.
9.Proceso laboral: se reconoce la competencia de la Audiencia y de los TSJ para resolver las impugnaciones de los despidos colectivos realizadas por los representantes de los trabajadores y se crea una nueva modalidad procesal preferente y sumaria para conocimiento de las demandas por despidos colectivos.
10.Sector financiero y sector público: se limitan las indemnizaciones de salida de directivos de entidades financieras que hayan recibido dinero público del FROB y de directivos de entidades públicas que se limitan a 7 días por año de servicio con máximo de una anualidad y se excluyen en el caso de que retornen a un puesto público en la Administración.

Son muchas e importantes novedades que cambian en profundidad el sistema de relaciones laborales en España. La regulación del derecho de huelga, la incorporación de un contrato único de trabajo o el desarrollo del Fondo de Capitalización en despidos han quedado por el momento aplazados.

¿Como valoras esta reforma laboral? ¿Es equilibrada para empresas y trabajadores? ¿Habrá mayor rotación laboral y se reducirá la actual dualidad del mercado laboral en España? ¿Será buena para las PYME? ¿Servirá para generar empleo o para despedir más? ¿El trabajador gana o pierde derechos?

Crecimiento o Austeridad: ¿Un dilema necesario? (1).

En los últimos días asistimos a un pensamiento generalizado en todos los Gobiernos europeos sobre la necesidad de continuar y fortalecer las políticas de consolidación fiscal y de reducción del déficit público y de la deuda pública como paso previo y necesario para recuperar la senda del crecimiento económico. Alemania y Francia han marcado el camino para pasar de una Unión Económica y Monetaria (UEM) a una Unión por la Estabilidad y el Crecimiento (UEC) http://ec.europa.eu/news/eu_explained/111207_en.htm

En un reciente programa de IESE Business School, el profesor Javier Diaz Giménez señalaba como los retos económicos del entorno un crecimiento económico suficiente, sostenido y equilibrado, pleno empleo, banca solvente, precios estables y desigualdades aceptables. Además, lanzaba una pregunta al auditorio a modo de provocación: ¿Por qué tenemos que crecer?. Es obvio que el crecimiento económico tiene beneficios económicos y sociales aunque depende de numerosas variables el que se traduzca en un mayor o menor bienestar y calidad de vida y felicidad de los ciudadanos. Stiglit, Sen y Fitoussi, por un encargo de Sarkoky, emitieron hace poco tiempo un informe sobre la superación del PIB como indicador de medición del crecimiento y la relevancia de otros indicadores sociales y medioambientales e incorporaron una lista de 12 recomendaciones www.stiglitz-sen-fitoussi.fr

El crecimiento debe de traer empleo, mayores niveles de renta, mayor consumo, más oportunidades, una mejor redistribución de la riqueza, más cohesión social y territorial y si además se crece de un modo respetuoso con el medio ambiente (bioeconomía) e integrando a colectivos vulnerables será un crecimiento sostenible, inteligente e integrador. El crecimiento debe frenar el aumento de desigualdades que se ha disparado en esta crisis económica. Vivimos la era de la desigualdad y una brecha creciente entre los ricos y los pobres y la OCDE ya señala que en España, el 10% mejor situado gana 12 veces más que el peor pagado y que el 21% de los hogares españoles está por debajo del umbral de la pobreza http://www.oecd.org/document/51/0,3746,en_2649_33933_49147827_1_1_1_1,00.html

El crecimiento económico tiene mucho que ver las políticas económicas y fiscales y hoy coexiste el modelo europeo de contención del déficit público (y que por tanto detrae del sector privado fondos públicos de estimulo de la economía) y el modelo americano que apuesta por políticas keynesianas de estimulo público de la economía. En ese contexto, los Gobiernos afrontan un dilema que quizás no es tal o, si acaso, está plagado de muchos matices: ¿crecimiento o austeridad? y se relaciona no sólo con el nivel de sector publico que queremos o que podemos permitirnos sino también con el nivel de servicios públicos gratuitos que deseamos mantener  o que podemos permitirnos.

Quizás no sea estrictamente un dilema. Puede que para crecer y hacerlo de manera sostenible y, también, a largo plazo sea necesario una fuerte recomposición de los ingresos y gastos del Estado que no olvidemos en España maneja cada año 490.000 millones de euros en los presupuestos generales. Los servicios de defensa, seguridad, sanidad, educación, protección y asistencia social son en buena parte públicos y gratuitos y ese modelo tradicional de su gestión con prestación gratuita e ilimitada y con un monopolio público en su prestación ya empieza a cuestionarse con la apertura de proveedores privados y  de competencia entre el sector público y el sector privado en algunos servicios. Incluso ya se ha iniciado el debate sobre un posible copago por servicios públicos que tradicionalmente han sido gratuitos (los ciudadanos en muchas Comunidades Autónomas ya reciben las facturas de los servicios sanitarios que se prestan con cuantificación económica aunque por el momento no se les solicite participación en su abono). El Estado del Bienestar como bien se exponía en una reciente Conferencia Europea en Bruselas de los pasados 5 y 6 de diciembre  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&eventsId=357&furtherEvents=yes&catId=88 va a tener que reformularse sobre todo ante las presiones económicas internas que tienen los Gobiernos con una disminución de la recaudación y una necesidad de reducción del endeudamiento.

En esta encrucijada, España cuenta con un déficit publico en 2010 del 9,3% del PIB (hay que recordar que Reino Unido cuenta con un 10,3%, Grecia con un 10,4% e Irlanda con un 32,45%) y con una deuda pública del 60,1% del PIB (y muchos otros países tienen ratios superiores como Alemania con 83,2%, Bélgica 96,2% o Italia con 119%). Los datos estimados de 2011 para España arrojan una mejora del déficit público que se coloca en el 6,6% del PIB (todavía alejado de la cifra del 3% del PIB exigido por las instituciones comunitarias) pero un empeoramiento de la deuda pública que asciende al 69,6 % del PIB.  El problema de la deuda y el déficit publico en España parece crónico (en su solución se ha avanzado poco en los últimos años) teniendo en cuenta, además, la situación de duplicidades administrativas y el escaso control del gasto de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y, sobre todo, agravado con el desequilibrio del paro que  alcanza ya el 21,5% (no se llegaba a una tasa tan elevada desde el cuarto trimestre de 1996) y que es claramente una rémora para el crecimiento y también para las cuentas públicas (el gasto anual en desempleo en 2011 se acerca a 34.000 millones de euros anuales). El número total de parados según datos de la EPA del tercer trimestre de 2011 alcanza los 4.978.300 y la cifra ha aumentado en los últimos 12 meses en 403.600 personas y los jóvenes padecen una tasa de desempleo del 45%.

Con estos antecedentes y si parece obligado por exigencias europeas España tenga que reducir el déficit público para que no sobrepase el 3% del PIB se va a hacer necesario reducir el gasto público en más de 36.000 millones de euros. ¿Dónde recortar? ¿Cómo reducir el gasto público sin comprometer el crecimiento?. Será necesario una vigorosa y difícil reducción de partidas presupuestarias y un esfuerzo de comunicación para que lo pueda entender la ciudadanía. Pero sobre todo, también, mantener ciertos estímulos públicos a las PYME y a los emprendedores para no frenar el crecimiento y las nuevas oportunidades de creación de empleos. ¿Será posible crecer en un escenario de austeridad presupuestaria o volveremos a la recesión en 2012?.   

¿Crean empleo las reformas laborales?

¿Por qué tenemos el doble paro en España frente a Europa?

El mercado laboral en España en 2011 es ineficiente. Y lo era también en los años más recientes. El reciente informe de World Economic Forum “The Global Competitiviness” 2011-2012 sitúa a España en el indicador de eficiencia del mercado laboral en la posición 119!!! (en relación a un total de 142 países). Esos niveles de ineficiente no siempre fueron así. Una de las respuestas se puede obtener porque el mercado laboral español es procíclico y cuenta con la fortaleza de crear mucho empleo en ciclos de expansión económica y la debilidad de destruir mucho empleo en ciclos de recesión económica.

Imagen cedida por Urdaci Comunicacion

En 2011, España es la primera en tasa de paro (21,52%) (2011 Tercer Trimestre). Somos los primeros en tasa de temporalidad (25%). Somos los primeros en economía sumergida (algunas fuentes no oficiales la estiman en torno a 2,5 millones de empleo y a un 21% del PIB). Tenemos un elevado y crónico paro estructural (hay 1,5 millones de demandantes de empleo durante más de 24 meses). Y además, el mercado laboral está tremendamente dualizado: antes la dualidad más visible era entre indefinidos y temporales, ahora la dualidad gira a una alternativa peor entre desempleados y trabajadores (sean o no precarios). La teoría del ajuste del mercado laboral en España reproduce también la dualidad entre “insiders” –trabajadores con alta protección laboral con contratos indefinidos y alta antigüedad- y “outsiders” o trabajadores a la intemperie –trabajadores desempleados o temporales que a vencimiento de sus contratos tienen todas las papeletas para llegar al paro-.

El mercado laboral en España no es sostenible: no crea empleo, al menos suficiente para compensar el auge de la población activa, genera paro, tiene un alto nivel de empleo no cualificado, tiene una presencia baja en conocimiento y tecnología, es dual y su funcionamiento es irracional porque es deudor de la ausencia de demanda (o reducción según sectores) y sobre todo del limitado acceso al crédito lo que está segando vidas laborales desde hace tres años.

En ese contexto, se está produciendo una “borrachera de reformas laborales” (llevamos además de la central de 2010 seis recientes en 2011 –políticas activas, negociación colectiva, seguridad social, contrato de aprendizaje, procedimiento de regulaciones de empleo y economía sumergida- pero no se trasladan al mercado de trabajo. ¿Por qué? Las razones como saben bien los laboralistas están en que las reformas no crean empleo y si la economía se para….

¿Crees que la situación actual del mercado laboral en España tiene una salida? ¿Se necesitan nuevas reformas laborales en 2012?