La experiencia internacional en Reino Unido sobre RSE y mercado laboral: Doing Business in UK

FIDE. Foro RSE 13 de noviembre de 2012

 

El Reino Unido es un destino muy atractivo para muchas empresas españolas. Fuera de la zona euro, pero próximo geográficamente, el país anglosajón ofrece, entre otras cosas, un entorno laboral flexible, en el que el diálogo y el consenso entre la empresa y los diferentes grupos de interés gobierna las relaciones laborales. Toni Lorenzo, abogado laboralista de Lewis Silkin, y Maria Casero, Directora de RR.HH. de Ferrovial Aeropuertos, han puesto sobre la mesa las claves para comprender el mercado laboral de Reino Unido, que incluye no sólo aspectos normativos sino también cuestiones culturales que pueden determinar el éxito o el fracaso de una aventura empresarial extranjera en el país.

 

Las diferencias entre los mercados laborales español y británico son relevantes y deben ser tenidas en cuenta por toda empresa que decida cruzas el Canal de La Mancha. Por ejemplo, el uso de la contratación temporal, muy frecuente en nuestro país, tiene escasa aplicación en Reino Unido, donde la fórmula del contrato indefinido es la más habitual. Ello es así, entre otras razones, porque la extinción de un contrato indefinido es más sencilla (y barata) que en España. Diferencias en cuanto a los procedimientos de despido, negociación colectiva y otros procedimientos llevan al planteamiento de las siguientes conclusiones:

1. El diálogo y la escasa politización marcan las relaciones laborales en el Reino Unido. Eso no significa que no haya situaciones de conflictividad laboral, con colectivos de enorme fuerza e influencia, pero la búsqueda de soluciones que satisfagan, en parte al menos, los intereses de todas las partes, es la clave para la resolución de los conflictos.

 

2. Con unas prestaciones sociales por desempleo muy reducidas (65 libras máximo a la semana), la cuestión clave es que “nadie quiere estar en paro” lo que, unido a unas condiciones de flexibilidad laboral, da lugar a un mercado con mayor dinamismo que el español.

 

3.  La flexibilidad y la necesidad de diálogo y consenso introducen grandes dosis de complejidad en la gestión de las relaciones laborales por parte de la empresa. Los grupos de interés con los que sentarse a dialogar son muy numerosos, y en ocasiones pueden originarse procesos de negociación y diálogo de más de tres meses, antes de poder tomar decisiones.

 

La exposición de ambos expertos deja claro que en Reino Unido domina otra forma de hacer las cosas en materia laboral. En general, se trata de un sistema más formalista que el español, en el que seguir los procedimientos es de vital importancia. Las empresas españolas que llegan al país deben entender y respetar estas diferencias. En opinión de María Casero, está claro que hay determinados puestos que deben dejarse en manos de directivos británicos, evitando una imposición de personal español, que debería reservarse a los puestos de control financiero.

Pilar García Lombardía

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Crecimiento o Austeridad: ¿Un dilema necesario? (1).

En los últimos días asistimos a un pensamiento generalizado en todos los Gobiernos europeos sobre la necesidad de continuar y fortalecer las políticas de consolidación fiscal y de reducción del déficit público y de la deuda pública como paso previo y necesario para recuperar la senda del crecimiento económico. Alemania y Francia han marcado el camino para pasar de una Unión Económica y Monetaria (UEM) a una Unión por la Estabilidad y el Crecimiento (UEC) http://ec.europa.eu/news/eu_explained/111207_en.htm

En un reciente programa de IESE Business School, el profesor Javier Diaz Giménez señalaba como los retos económicos del entorno un crecimiento económico suficiente, sostenido y equilibrado, pleno empleo, banca solvente, precios estables y desigualdades aceptables. Además, lanzaba una pregunta al auditorio a modo de provocación: ¿Por qué tenemos que crecer?. Es obvio que el crecimiento económico tiene beneficios económicos y sociales aunque depende de numerosas variables el que se traduzca en un mayor o menor bienestar y calidad de vida y felicidad de los ciudadanos. Stiglit, Sen y Fitoussi, por un encargo de Sarkoky, emitieron hace poco tiempo un informe sobre la superación del PIB como indicador de medición del crecimiento y la relevancia de otros indicadores sociales y medioambientales e incorporaron una lista de 12 recomendaciones www.stiglitz-sen-fitoussi.fr

El crecimiento debe de traer empleo, mayores niveles de renta, mayor consumo, más oportunidades, una mejor redistribución de la riqueza, más cohesión social y territorial y si además se crece de un modo respetuoso con el medio ambiente (bioeconomía) e integrando a colectivos vulnerables será un crecimiento sostenible, inteligente e integrador. El crecimiento debe frenar el aumento de desigualdades que se ha disparado en esta crisis económica. Vivimos la era de la desigualdad y una brecha creciente entre los ricos y los pobres y la OCDE ya señala que en España, el 10% mejor situado gana 12 veces más que el peor pagado y que el 21% de los hogares españoles está por debajo del umbral de la pobreza http://www.oecd.org/document/51/0,3746,en_2649_33933_49147827_1_1_1_1,00.html

El crecimiento económico tiene mucho que ver las políticas económicas y fiscales y hoy coexiste el modelo europeo de contención del déficit público (y que por tanto detrae del sector privado fondos públicos de estimulo de la economía) y el modelo americano que apuesta por políticas keynesianas de estimulo público de la economía. En ese contexto, los Gobiernos afrontan un dilema que quizás no es tal o, si acaso, está plagado de muchos matices: ¿crecimiento o austeridad? y se relaciona no sólo con el nivel de sector publico que queremos o que podemos permitirnos sino también con el nivel de servicios públicos gratuitos que deseamos mantener  o que podemos permitirnos.

Quizás no sea estrictamente un dilema. Puede que para crecer y hacerlo de manera sostenible y, también, a largo plazo sea necesario una fuerte recomposición de los ingresos y gastos del Estado que no olvidemos en España maneja cada año 490.000 millones de euros en los presupuestos generales. Los servicios de defensa, seguridad, sanidad, educación, protección y asistencia social son en buena parte públicos y gratuitos y ese modelo tradicional de su gestión con prestación gratuita e ilimitada y con un monopolio público en su prestación ya empieza a cuestionarse con la apertura de proveedores privados y  de competencia entre el sector público y el sector privado en algunos servicios. Incluso ya se ha iniciado el debate sobre un posible copago por servicios públicos que tradicionalmente han sido gratuitos (los ciudadanos en muchas Comunidades Autónomas ya reciben las facturas de los servicios sanitarios que se prestan con cuantificación económica aunque por el momento no se les solicite participación en su abono). El Estado del Bienestar como bien se exponía en una reciente Conferencia Europea en Bruselas de los pasados 5 y 6 de diciembre  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&eventsId=357&furtherEvents=yes&catId=88 va a tener que reformularse sobre todo ante las presiones económicas internas que tienen los Gobiernos con una disminución de la recaudación y una necesidad de reducción del endeudamiento.

En esta encrucijada, España cuenta con un déficit publico en 2010 del 9,3% del PIB (hay que recordar que Reino Unido cuenta con un 10,3%, Grecia con un 10,4% e Irlanda con un 32,45%) y con una deuda pública del 60,1% del PIB (y muchos otros países tienen ratios superiores como Alemania con 83,2%, Bélgica 96,2% o Italia con 119%). Los datos estimados de 2011 para España arrojan una mejora del déficit público que se coloca en el 6,6% del PIB (todavía alejado de la cifra del 3% del PIB exigido por las instituciones comunitarias) pero un empeoramiento de la deuda pública que asciende al 69,6 % del PIB.  El problema de la deuda y el déficit publico en España parece crónico (en su solución se ha avanzado poco en los últimos años) teniendo en cuenta, además, la situación de duplicidades administrativas y el escaso control del gasto de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y, sobre todo, agravado con el desequilibrio del paro que  alcanza ya el 21,5% (no se llegaba a una tasa tan elevada desde el cuarto trimestre de 1996) y que es claramente una rémora para el crecimiento y también para las cuentas públicas (el gasto anual en desempleo en 2011 se acerca a 34.000 millones de euros anuales). El número total de parados según datos de la EPA del tercer trimestre de 2011 alcanza los 4.978.300 y la cifra ha aumentado en los últimos 12 meses en 403.600 personas y los jóvenes padecen una tasa de desempleo del 45%.

Con estos antecedentes y si parece obligado por exigencias europeas España tenga que reducir el déficit público para que no sobrepase el 3% del PIB se va a hacer necesario reducir el gasto público en más de 36.000 millones de euros. ¿Dónde recortar? ¿Cómo reducir el gasto público sin comprometer el crecimiento?. Será necesario una vigorosa y difícil reducción de partidas presupuestarias y un esfuerzo de comunicación para que lo pueda entender la ciudadanía. Pero sobre todo, también, mantener ciertos estímulos públicos a las PYME y a los emprendedores para no frenar el crecimiento y las nuevas oportunidades de creación de empleos. ¿Será posible crecer en un escenario de austeridad presupuestaria o volveremos a la recesión en 2012?.