Crecimiento o Austeridad: ¿Un dilema necesario? (2).

El acuerdo alcanzado en Bruselas para la reformulación de la Unión Europea y el fortalecimiento del euro (para evitar su hundimiento) ha traído, por el momento, los siguientes compromisos: http://www.elysee.fr/president/root/bank_objects/111207Lettre_adressee_a_M_Herman_Van_Rompuy.pdf

1.Acuerdo para lograr el equilibrio presupuestario (déficit cero) que se incorporara en las Constituciones o legislación equivalente (regla de oro) de modo que el déficit estructural anual podrá alcanzar como máximo el 0,5% del PIB.

2.Incorporación de sanciones para los países cuyo déficit sobrepase el 3% del PIB.

3.Creacción de un fondo permanente de rescate de la UE con una dotación inicial de 500.000 millones de euros y un Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y un fondo europeo de estabilidad financiera (FEEF) que será gestionado por el Banco Central Europeo.

4.Contribución de los países de la zona euro al FMI con 200.000 millones de euros para posibles prestamos bilaterales por si algún necesita ayuda.

Grecia, Portugal e Italia ya  han necesitado ayuda. La pregunta obligada con respuesta muy incierta es:  ¿España necesitara ayuda en los próximos meses?. 

Con objeto de contar con cierta dosis de autonomía económica y presupuestaria, España tendrá que hacer un esfuerzo muy relevante de reducción del déficit público y de priorización del gasto público. Ya han aparecido las primeras cifras. 36.000 millones de euros anuales que conllevan un ajuste inevitable.  

Hay que impulsar el crecimiento en la economía y conjugar competitividad y ajuste. Si como parece no hay alternativa al ajuste, será necesario una más eficiente administración del gasto, público y privado. Y habrá que recuperar el concepto de “gasto productivo”. Durante los últimos lustros hemos gastado lo que no teníamos y que habrá que devolver con el único criterio de más aeropuertos, más AVE, más autovías, más televisiones autonómicas, más indemnizaciones millonarias a directivos de instituciones financieras con recursos públicos…y es preciso ajustar los gastos a la renta disponible para evitar que los acreedores internacionales duden de nuestra capacidad de pago y eleven el coste de la financiación. Si es claro que hay que gastar menos y de recuperar niveles de austeridad y eficiencia para contribuir a conseguir la sostenibilidad de la deuda pública también parece evidente que no hay que hacerlo sin comprometer el crecimiento del empleo (objetivo prioritario) ni aumentar las desigualdades en la distribución de la renta disponible (objetivo también necesario para garantizar ciertos niveles de cohesión social y territorial).

En esta tarea, la reformulación del sector público y la reforma del sistema financiero para la circulación del crédito son también una prioridad inexcusable.        

Sobre la reforma del sector público hace unas fechas el Center for Public Leadership and Government (CPLG) de IESE Business School proponía un decalogo para la reforma del sector público http://www.iese.edu/Aplicaciones/News/print.asp?id=3165&lang=es. En ese camino,  podría ser una opción la creación  de un Departamento único de Administraciones Públicas y Hacienda con varios retos en los próximos años, entre otros: eliminación de duplicidades administrativas, fusión de empresas públicas, reconfiguración de algunos servicios públicos…e incluso podría ser necesario modernizar el Estado del Bienestar para garantizar sus sostenibilidad. No se trata solamente de introducir el copago en algunos servicios públicos sin más sino de garantizar su sostenibilidad manteniendo los umbrales de solidaridad entre generaciones y entre activos y pasivos pero abriendo el debate sobre la capacidad de pago de los ciudadanos que es obviamente diferente en función de su renta anual o sobre si el coste parcial de los servicios debe de mantenerse en los contribuyentes (via impuestos) o desplazarse en parte a los usuarios (via precios). 

En todo caso,la reforma del sector público (de sus estructuras y de sus servicios)  no se puede alumbrar sobre la base de que el mal se encuentre  localizado en las personas (en los funcionarios) sino que se halla vinculado a todo el sistema y lo fundamental, también, es conocer la manera en que los funcionarios y los ciudadanos viven o van a vivir los cambios que se proponen. 

En resumen, la austeridad es necesaria pero la excepcionalidad de la coyuntura obliga también a reservar partidas presupuestarias y estímulos económicos a la creación de empleos.     

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Crecimiento o Austeridad: ¿Un dilema necesario? (1).

En los últimos días asistimos a un pensamiento generalizado en todos los Gobiernos europeos sobre la necesidad de continuar y fortalecer las políticas de consolidación fiscal y de reducción del déficit público y de la deuda pública como paso previo y necesario para recuperar la senda del crecimiento económico. Alemania y Francia han marcado el camino para pasar de una Unión Económica y Monetaria (UEM) a una Unión por la Estabilidad y el Crecimiento (UEC) http://ec.europa.eu/news/eu_explained/111207_en.htm

En un reciente programa de IESE Business School, el profesor Javier Diaz Giménez señalaba como los retos económicos del entorno un crecimiento económico suficiente, sostenido y equilibrado, pleno empleo, banca solvente, precios estables y desigualdades aceptables. Además, lanzaba una pregunta al auditorio a modo de provocación: ¿Por qué tenemos que crecer?. Es obvio que el crecimiento económico tiene beneficios económicos y sociales aunque depende de numerosas variables el que se traduzca en un mayor o menor bienestar y calidad de vida y felicidad de los ciudadanos. Stiglit, Sen y Fitoussi, por un encargo de Sarkoky, emitieron hace poco tiempo un informe sobre la superación del PIB como indicador de medición del crecimiento y la relevancia de otros indicadores sociales y medioambientales e incorporaron una lista de 12 recomendaciones www.stiglitz-sen-fitoussi.fr

El crecimiento debe de traer empleo, mayores niveles de renta, mayor consumo, más oportunidades, una mejor redistribución de la riqueza, más cohesión social y territorial y si además se crece de un modo respetuoso con el medio ambiente (bioeconomía) e integrando a colectivos vulnerables será un crecimiento sostenible, inteligente e integrador. El crecimiento debe frenar el aumento de desigualdades que se ha disparado en esta crisis económica. Vivimos la era de la desigualdad y una brecha creciente entre los ricos y los pobres y la OCDE ya señala que en España, el 10% mejor situado gana 12 veces más que el peor pagado y que el 21% de los hogares españoles está por debajo del umbral de la pobreza http://www.oecd.org/document/51/0,3746,en_2649_33933_49147827_1_1_1_1,00.html

El crecimiento económico tiene mucho que ver las políticas económicas y fiscales y hoy coexiste el modelo europeo de contención del déficit público (y que por tanto detrae del sector privado fondos públicos de estimulo de la economía) y el modelo americano que apuesta por políticas keynesianas de estimulo público de la economía. En ese contexto, los Gobiernos afrontan un dilema que quizás no es tal o, si acaso, está plagado de muchos matices: ¿crecimiento o austeridad? y se relaciona no sólo con el nivel de sector publico que queremos o que podemos permitirnos sino también con el nivel de servicios públicos gratuitos que deseamos mantener  o que podemos permitirnos.

Quizás no sea estrictamente un dilema. Puede que para crecer y hacerlo de manera sostenible y, también, a largo plazo sea necesario una fuerte recomposición de los ingresos y gastos del Estado que no olvidemos en España maneja cada año 490.000 millones de euros en los presupuestos generales. Los servicios de defensa, seguridad, sanidad, educación, protección y asistencia social son en buena parte públicos y gratuitos y ese modelo tradicional de su gestión con prestación gratuita e ilimitada y con un monopolio público en su prestación ya empieza a cuestionarse con la apertura de proveedores privados y  de competencia entre el sector público y el sector privado en algunos servicios. Incluso ya se ha iniciado el debate sobre un posible copago por servicios públicos que tradicionalmente han sido gratuitos (los ciudadanos en muchas Comunidades Autónomas ya reciben las facturas de los servicios sanitarios que se prestan con cuantificación económica aunque por el momento no se les solicite participación en su abono). El Estado del Bienestar como bien se exponía en una reciente Conferencia Europea en Bruselas de los pasados 5 y 6 de diciembre  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&eventsId=357&furtherEvents=yes&catId=88 va a tener que reformularse sobre todo ante las presiones económicas internas que tienen los Gobiernos con una disminución de la recaudación y una necesidad de reducción del endeudamiento.

En esta encrucijada, España cuenta con un déficit publico en 2010 del 9,3% del PIB (hay que recordar que Reino Unido cuenta con un 10,3%, Grecia con un 10,4% e Irlanda con un 32,45%) y con una deuda pública del 60,1% del PIB (y muchos otros países tienen ratios superiores como Alemania con 83,2%, Bélgica 96,2% o Italia con 119%). Los datos estimados de 2011 para España arrojan una mejora del déficit público que se coloca en el 6,6% del PIB (todavía alejado de la cifra del 3% del PIB exigido por las instituciones comunitarias) pero un empeoramiento de la deuda pública que asciende al 69,6 % del PIB.  El problema de la deuda y el déficit publico en España parece crónico (en su solución se ha avanzado poco en los últimos años) teniendo en cuenta, además, la situación de duplicidades administrativas y el escaso control del gasto de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y, sobre todo, agravado con el desequilibrio del paro que  alcanza ya el 21,5% (no se llegaba a una tasa tan elevada desde el cuarto trimestre de 1996) y que es claramente una rémora para el crecimiento y también para las cuentas públicas (el gasto anual en desempleo en 2011 se acerca a 34.000 millones de euros anuales). El número total de parados según datos de la EPA del tercer trimestre de 2011 alcanza los 4.978.300 y la cifra ha aumentado en los últimos 12 meses en 403.600 personas y los jóvenes padecen una tasa de desempleo del 45%.

Con estos antecedentes y si parece obligado por exigencias europeas España tenga que reducir el déficit público para que no sobrepase el 3% del PIB se va a hacer necesario reducir el gasto público en más de 36.000 millones de euros. ¿Dónde recortar? ¿Cómo reducir el gasto público sin comprometer el crecimiento?. Será necesario una vigorosa y difícil reducción de partidas presupuestarias y un esfuerzo de comunicación para que lo pueda entender la ciudadanía. Pero sobre todo, también, mantener ciertos estímulos públicos a las PYME y a los emprendedores para no frenar el crecimiento y las nuevas oportunidades de creación de empleos. ¿Será posible crecer en un escenario de austeridad presupuestaria o volveremos a la recesión en 2012?.