Crecimiento o Austeridad: ¿Un dilema necesario? (2).

El acuerdo alcanzado en Bruselas para la reformulación de la Unión Europea y el fortalecimiento del euro (para evitar su hundimiento) ha traído, por el momento, los siguientes compromisos: http://www.elysee.fr/president/root/bank_objects/111207Lettre_adressee_a_M_Herman_Van_Rompuy.pdf

1.Acuerdo para lograr el equilibrio presupuestario (déficit cero) que se incorporara en las Constituciones o legislación equivalente (regla de oro) de modo que el déficit estructural anual podrá alcanzar como máximo el 0,5% del PIB.

2.Incorporación de sanciones para los países cuyo déficit sobrepase el 3% del PIB.

3.Creacción de un fondo permanente de rescate de la UE con una dotación inicial de 500.000 millones de euros y un Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y un fondo europeo de estabilidad financiera (FEEF) que será gestionado por el Banco Central Europeo.

4.Contribución de los países de la zona euro al FMI con 200.000 millones de euros para posibles prestamos bilaterales por si algún necesita ayuda.

Grecia, Portugal e Italia ya  han necesitado ayuda. La pregunta obligada con respuesta muy incierta es:  ¿España necesitara ayuda en los próximos meses?. 

Con objeto de contar con cierta dosis de autonomía económica y presupuestaria, España tendrá que hacer un esfuerzo muy relevante de reducción del déficit público y de priorización del gasto público. Ya han aparecido las primeras cifras. 36.000 millones de euros anuales que conllevan un ajuste inevitable.  

Hay que impulsar el crecimiento en la economía y conjugar competitividad y ajuste. Si como parece no hay alternativa al ajuste, será necesario una más eficiente administración del gasto, público y privado. Y habrá que recuperar el concepto de “gasto productivo”. Durante los últimos lustros hemos gastado lo que no teníamos y que habrá que devolver con el único criterio de más aeropuertos, más AVE, más autovías, más televisiones autonómicas, más indemnizaciones millonarias a directivos de instituciones financieras con recursos públicos…y es preciso ajustar los gastos a la renta disponible para evitar que los acreedores internacionales duden de nuestra capacidad de pago y eleven el coste de la financiación. Si es claro que hay que gastar menos y de recuperar niveles de austeridad y eficiencia para contribuir a conseguir la sostenibilidad de la deuda pública también parece evidente que no hay que hacerlo sin comprometer el crecimiento del empleo (objetivo prioritario) ni aumentar las desigualdades en la distribución de la renta disponible (objetivo también necesario para garantizar ciertos niveles de cohesión social y territorial).

En esta tarea, la reformulación del sector público y la reforma del sistema financiero para la circulación del crédito son también una prioridad inexcusable.        

Sobre la reforma del sector público hace unas fechas el Center for Public Leadership and Government (CPLG) de IESE Business School proponía un decalogo para la reforma del sector público http://www.iese.edu/Aplicaciones/News/print.asp?id=3165&lang=es. En ese camino,  podría ser una opción la creación  de un Departamento único de Administraciones Públicas y Hacienda con varios retos en los próximos años, entre otros: eliminación de duplicidades administrativas, fusión de empresas públicas, reconfiguración de algunos servicios públicos…e incluso podría ser necesario modernizar el Estado del Bienestar para garantizar sus sostenibilidad. No se trata solamente de introducir el copago en algunos servicios públicos sin más sino de garantizar su sostenibilidad manteniendo los umbrales de solidaridad entre generaciones y entre activos y pasivos pero abriendo el debate sobre la capacidad de pago de los ciudadanos que es obviamente diferente en función de su renta anual o sobre si el coste parcial de los servicios debe de mantenerse en los contribuyentes (via impuestos) o desplazarse en parte a los usuarios (via precios). 

En todo caso,la reforma del sector público (de sus estructuras y de sus servicios)  no se puede alumbrar sobre la base de que el mal se encuentre  localizado en las personas (en los funcionarios) sino que se halla vinculado a todo el sistema y lo fundamental, también, es conocer la manera en que los funcionarios y los ciudadanos viven o van a vivir los cambios que se proponen. 

En resumen, la austeridad es necesaria pero la excepcionalidad de la coyuntura obliga también a reservar partidas presupuestarias y estímulos económicos a la creación de empleos.